El Ayuntamiento recurre a la fuerza para vender el agua de León a especuladores privados

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La Plataforma denuncia al Procurador del Común el comportamiento antidemocrático del equipo de Gobierno Local (PSOE-UPL)


Nota de Prensa de la Plataforma.- 18/04/09.- La plataforma Leonesa contra la Privatización del Agua [de la que es miembro FAELE], ha presentado ante el Procurador del Común una queja por abuso de poder. Alcalde y concejales están actuando en contra del mandato constitucional que les obliga tanto al respeto de las garantías constitucionales como a facilitar la participación ciudadana.

La queja está motivada por los constantes impedimentos que estamos encontrando para recoger firmas y realizar actos informativos y de protesta. Se está obstaculizando la realización de actividades legítimas, y con ello el pleno ejercicio de nuestros derechos individuales y libertades públicas. (Se adjunta texto)

Se incluyó en la queja presentada la situación vergonzante que se produjo al inicio de la sesión del pleno de ayer: La Policía Local tenía órdenes de limitar la entrada a los asistentes, hasta un aforo de 65 personas, a las que se obligó a formar fila en la calle y que fueron pasando numeradas; sin embargo a lo largo de la mañana, aunque salieron del Pleno algunas personas, no se permitió la entrada a otras, que estaban interesadas en asistir.

Con estos comportamientos la autoridad municipal añade oscurantismo, y amplía la desconfianza que provoca su decisión de mercantilizar el agua, un bien de primera necesidad, cuya administración en las mejores condiciones, es esencial para asegurar la salud, la calidad de vida y la justicia social en el municipio de León.

Puesto que dicen que el agua no va a subir; retamos al Alcalde a que lo demuestre con datos reales y que nos diga ¿en que municipios, en los que se ha implantado la gestión mixta 49/51, no ha subido el agua por encima de lo comprometido inicialmente en los pliegos?

La subida de tarifas es un hecho, el socio económicamente mas fuerte impone sus condiciones a unos ayuntamientos económicamente débiles. El beneficio empresarial y la amortización del canon saldrán del recibo del agua, el impuesto menos progresivo y más antisocial: pagarán más las familias más numerosas y se resentirán más de las subidas aquellas que menos tienen.
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